Proyecto ciberseguridad en EEUU

Un nuevo proyecto sobre ‘ciberseguridad’ en EEUU desata otra vez las alertas en Internet Los legisladores estadounidenses vuelven a la carga con un proyecto de ley de ‘ciberseguridad’ que algunos grupos de activistas consideran aún más restrictiva que el polémico proyecto antipiratería SOPA-PIPA, que sufrió el revés de una movilización en la Red sin precedentes […]

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Proyecto ciberseguridad en EEUU

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Un nuevo proyecto sobre ‘ciberseguridad’ en EEUU desata otra vez las alertas en Internet Los legisladores estadounidenses vuelven a la carga con un proyecto de ley de ‘ciberseguridad’ que algunos grupos de activistas consideran aún más restrictiva que el polémico proyecto antipiratería SOPA-PIPA, que sufrió el revés de una movilización en la Red sin precedentes ante...

Un nuevo proyecto sobre ‘ciberseguridad’ en EEUU desata otra vez las alertas en Internet

Los legisladores estadounidenses vuelven a la carga con un proyecto de ley de ‘ciberseguridad’ que algunos grupos de activistas consideran aún más restrictiva que el polémico proyecto antipiratería SOPA-PIPA, que sufrió el revés de una movilización en la Red sin precedentes ante la amenaza de aumentar dramáticamente el control -tanto del Gobierno como de las corporaciones- sobre Internet.

El proyecto HR 3523 o CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act), que se encuentra en la Cámara de Representantes de EEUU, se está ganando fuertes críticas de ciberactivistas que ven en él una reencarnación de SOPA, aunque de forma aún más restrictiva. Se espera una votación para las próximas semanas.

Lo cierto es que este texto -presentado a finales del año pasado por los representantes Mike Rogers y Ruppersberger- no sólo se centra en la protección de la propiedad intelectual, sino que abarca además un amplio abanico de supuestos bajo el paraguas genérico de ‘seguridad cibernética nacional’.

Propone, de hecho, una revisión de la normativa de seguridad nacional (National Security Act ) de 1947 para fomentar un mayor intercambio de información sobre ‘ciberamenazas’ entre el Gobierno de los EEUU y el sector privado, o entre las propias empresas privadas.

La definición de ‘información sobre ciberamenazas’ en el proyecto es muy amplia, según las críticas
La definición de «información sobre ciberamenazas» se amplía en este proyecto a cualquier información relativa a vulnerabilidades o amenazas a las redes o sistemas de propiedad y/o operados por el Gobierno de EEUU o empresas estadounidenses, así como cualquier intento por «degradar, interrumpir o destruir» tales sistemas o redes, además del robo o la «apropiación indebida» de información privada o gubernamental, incluida (y aquí entra la comparación con SOPA) la propiedad intelectual.

Este amplísimo proyecto va más allá y prevé eliminar cualquier responsabilidad a las empresas que recopilan y comparten información entre ellas o con el Gobierno por motivos de seguridad.

La lista de apoyos a este polémico proyecto de ley es extensa (PDF) y cuenta con más de un centenar, entre los que destacan gigantes tecnológicos que manejan información muy sensible como IBM, Verizon, AT&T, Microsoft e incluso Facebook.

Ola de críticas

Numerosos grupos han puesto el grito en el cielo. El Centro por la Democracia y la Tecnología alertaba ya en diciembre que el proyecto de ley apenas delimita qué tipo de información se puede compartir -a pesar de la protección de la privacidad-, podría aumental el papel del Gobierno como vigilante de la Red y permitiría el intercambio de información entre empresas con muy pocas restricciones.

Entro otras acciones, el propio CDT propone una serie de pasos para preservar la libertad en Internet, tales como no usar la seguridad para justificar una barra libre en la interceptación de comunicaciones, evitar el abuso de las agencias secretas, no autorizar en general a las compañías para monitorizar a sus clientes y evitar sacrificar la neutralidad de la Red en aras de la ‘ciberseguridad’.

Ahora, la Electronic Frontier Foundation (EFF) destaca que el Congreso de EEUU, al considerar este proyecto está anteponiendo la ‘ciberseguridad’ a la privacidad, dado que el texto prevé dar a las compañías luz verde para monitorizar y retener todas las comunicaciones (como mensajes de texto o correo electrónico) y compartirlo con el Gobierno o entre ellas bajo la excusa de unas indefinidas «amenazas de ciberseguridad».

Nube de proyectos

De hecho, tanto CDT como EFF alertan de que existe una confusa nube de proyectos de ley sobre ‘ciberseguridad’ en EEUU aparte de CISPA (H.R. 3674, S. 2105 y S. 215, además de un proyecto contra la pedofilia, H.R.1981, que incluye la posibilidad de rastrear indiscriminadamente la Red) que plantean varios interrogantes. ¿Quién estará a cargo de este asunto, el poder civil o el militar? ¿Será su gestión transparente?

¿Y qué es exactamente una ‘amenaza cibernética’? La EFF también denuncia la indefinición de este término, así como del concepto ‘intercambio de información’, «a menudo un eufemismo para la vigilancia y el establecimiento de contramedidas como la monitorización del correo electrónico, el filtrado de contenidos, o el bloqueo del acceso a sitios web», afirma el grupo activista.

Legislar sobre ‘ciberseguridad’

La ‘ciberseguridad’ está siendo la bandera que están enarbolando muchos Gobiernos occidentales para plantear actualizaciones y nuevas normativas encaminadas a vigilar más de cerca la Red. Recientemente, el Gobierno Británico, preocupado desde hace años por las crecientes amenazas cibernéticas, anunciaba una ley para monitorizar Internet, las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, los mensajes en las redes sociales y las visitas a sitios web, un paso «necesario» según el Ejecutivo.

Incluso Francia quiere ir más allá en la monitorización de la Red con la excusa de prevenir atentados terroristas. Justo después de la tragedia de Toulouse en la que un supuesto terrorista yihadista mató a siete personas, de los que seis eran niños, en una escuela judía en Toulouse.

Así, y en plena campaña electoral, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció un endurecimiento de la legislación francesa que recogerá, entre otras medidas, castigos por la mera consulta de páginas web que inciten al terrorismo.

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